Desde la empresa existen reticencias a abordar la gestión de los riesgos sobre los derechos humanos.
Existen dos razones principales: el desconocimiento de la vinculación con la actividad empresarial y el entendimiento de que se trata de una responsabilidad de las administraciones públicas y de organizaciones sociales.
El objetivo final en todo momento es resguardar la dignidad de las personas, pero existen diferencias entre el rol que se espera de cada agente. Es el Estado a través de sus diferentes organismos y administraciones, quién tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos. ¿Dónde entra la empresa? En el deber de respetar que se materializa en evitar a través de la prevención que sus actividades y las relacionadas en su cadena de valor generen impactos negativos, y hacer frente a aquellos que se produzcan a través de la remediación.
Para trabajar al respecto, pueden implementar un proceso de debida diligencia. Consiste en la identificación y evaluación de los riesgos para establecer las medidas de respuesta y priorizarlas, tanto si están generando impactos en el presente como si se prevé que puedan darse.
La recomendación es que se realice de manera regular, por la evolución de las actividades de la compañía, de las expectativas de los grupos de interés y los cambios en otros aspectos del contexto. Es importante que se monitoreen los resultados de las medidas planteadas, así como la transparencia interna y externa de los mismos y del proceso.
¿Cuáles son los principales riesgos para los DDHH que pueden darse en la actividad empresarial? Más allá de las particularidades por el sector y contexto, podemos señalar la precariedad de las condiciones laborales y cláusulas abusivas en la contratación, procesos y comportamientos que arrojan discriminación entre los colaboradores, las prácticas laborales en la cadena de suministro, la mercadotecnia y comunicación con sesgos discriminatorios y/o apología de la violencia, y la afectación a recursos y costumbres de las comunidades aledañas a la operación, entre otros.
La incidencia de la pandemia ha incrementado la probabilidad de ocurrencia y el impacto de algunos de estos riesgos, tanto por la discontinuidad y cese de la actividad empresarial como por el retroceso económico.
La vulnerabilidad de la población y las desigualdades, objeto del ODS 10, están en alza. Somos informados de casos de discriminación por salud en el acceso al empleo y/o la conservación del mismo, también en el trato a los clientes y el retroceso de las remuneraciones. Se empieza a cuestionar asimismo el modo en que es gestionada por las empresas la información de los colaboradores, con riesgo de afectar el derecho a la intimidad.
Las empresas tienen la oportunidad de trabajar en ello. Las principales medidas que recomendamos son una primera aproximación que debe ser antecedida en todo caso por la identificación y priorización de los riesgos para que la respuesta esté direccionada.
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